NOTA APARECIDA EN LA VOZ DEL INTERIOR EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015
Imputan a ingenieros civiles
Habrían rubricado planos que en realidad habrían sido ejecutados por otros colegas. Uno de ellos es el presidente del colegio profesional.
El fiscal de Delitos Complejos de la ciudad de Córdoba Mariano Antuña imputó al presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Gustavo Alberto Donadei, por falsedad material e ideológica reiterada.
A título de sospechoso –para permitirle que ejerza su defensa material–, se presume que el profesional firmó planos de mensura que no habría ejecutado él sino otros colegas que no están habilitados para esa tarea normalmente destinada a los ingenieros agrimensores. Igual figura penal se les adjudica a los ingenieros civiles, Ana María Palazzón y Horacio Guardianelli.
La disputa entre estas dos ramas profesionales aún no está zanjada en torno de la delimitación de competencias de cada disciplina. Sin embargo, más allá de este aspecto, en esta ocasión se analiza si Donadei, Palazzón y Guardianelli firmaron planos de mensura, subdivisiones y loteos que acaso no ejecutaron ellos sino otros colegas que no están habilitados para esa tarea.
Los tres imputados, como pocos ingenieros civiles, sí cuentan con la habilitación por el año en que se recibieron y pueden presentar con su firma la confección de planos en los que se incluye el trabajo de mensura, al que acceden todos los agrimensores. Esos trabajos se presentan ante la Dirección de Catastro.
Pero, en este caso, los tres ingenieros civiles fueron denunciados como presuntos “prestafirma”. Según la investigación, presentaron trámites que exceden el número habitual de tareas que puede realizar un profesional en un determinado lapso. Así, uno de ellos habría llegado al centenar de planos en un año, cuando materialmente sólo puede realizar unos 30. La presunción es que, en realidad, otros ingenieros civiles estarían haciendo los trabajos y los profesionales imputados, al contar con habilitación, firmarían por los primeros.
De confirmarse esta cuestión, podría afectarse el régimen normativo, en particular porque puede ponerse en duda la legalidad de los planos y las escrituras públicas que se nutren de esos relevamientos.
La investigación
Entre otras medidas procesales, el fiscal Antuña secuestró gran cantidad de relevamientos realizados por estos profesionales, cuya validez está siendo analizada.
Pero la tarea más importante ha sido la citación de testigos que no son otros que decenas de comitentes, es decir, los particulares que encargaron los planos y que vienen brindando importantes datos para la causa.
Los delitos de falsedad material e ideológica (en este caso, reiterada) prevén una pena eventual de un año a seis años de prisión.
De modo paralelo, fuentes judiciales indicaron que también está en discusión la validez de las firmas de trabajos presentados ante Catastro.
Recientemente, Antuña ordenó que se realicen los peritajes caligráficos para determinar si quienes colocaron las firmas que constan en los expedientes son los propios profesionales. También se analizaría el sello que se coloca bajo la rúbrica.
Antuña corrió vista a las partes –el Colegio de Agrimensores es querellante– y designó el perito calígrafo oficial que hará la prueba.
Aquí el link de la nota en el sitio de La Voz: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/imputan-ingenieros-civiles-que-firman-trabajos-de-mensura
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