Quieren cambios para bajar los tiempos en juicios de usucapión

Entrevista a Raúl Grosso en Diario Comercio y Justicia

El Colegio de Agrimensores presentará un proyecto de ley que busca disminuir los tiempos procesales en los juicios de usucapión y que califica la actuación de esos profesionales como auxiliares de la justicia. Asimismo, la iniciativa pretende que la mayoría de las pruebas e informes necesarios se produzcan en forma previa y a partir de la tarea de sus afiliados, con la participación de los interesados del inmueble, sus linderos y de cualquiera que se considere con derechos sobre el mismo.

Según explicó a Comercio y Justicia Raúl Grosso, presidente de la institución, el proyecto pretende modificar el artículo 780 (y concordantes) del Código de Procedimientos Civil y Comercial provincial referido a usucapión, que es un modo de adquirir la propiedad de un bien y otros derechos reales mediante la posesión continuada de estos derechos durante un tiempo estipulado por ley, siempre y cuando no exista acción en contra de dicha posesión por parte del afectado.

Con la iniciativa buscan rodear el proceso de las mayores garantías en cuanto a la afectación de terceros y la determinación del objeto -o sea la cosa inmueble-. “La propuesta considera el cambio en el rol del agrimensor, calificando su actuación como auxiliar de la justicia y de esa forma eleva el plano de la mensura de posesión así como la información necesaria para que el juez pueda valorar acabadamente los hechos; de igual manera, se producirá una publicidad real y efectiva aumentando las garantías de seguridad jurídica para propios y terceros involucrados”, precisó Grosso.

En este sentido, prevén la obligada participación de los linderos, quienes serían convocados “fehacientemente” al acto de mensura con la idea de que puedan hacer valer sus derechos en tiempo y forma, evitando costosos y lentos procedimientos en el marco del juicio.

Clandestinidad de la mensura
Los profesionales destacan que esta modalidad modifica sustancialmente el modo procesal, ya que la mayoría de las pruebas e informes necesarios se producirán en forma previa a partir de la tarea del agrimensor, “proveyendo al juez la mayoría de los elementos necesarios para juzgar la pertinencia de la pretensión posesoria, sin perjuicio de todas las medidas que juzgue necesarias”, describió Grosso.

Según el ingeniero, la forma proyectada se inscribe en recientes propuestas de la Dirección General de Catastro, referidas a la necesidad de la citación de linderos, posición largamente sostenida por el Colegio en referencia a salvar la denominada “clandestinidad de la mensura de posesión”, que distorsiona todo el proceso y que, “de haberse aplicado, hubiera evitado muchas situaciones de dudosa legalidad en cuanto a las posesiones”.

Bajar los costos
Para los agrimensores, con la modificatoria se reducirían costos y tiempos procesales. “Basta citar los tiempos de los informes de las reparticiones que deben intervenir en la usucapión, tanto de inmuebles urbanos como rurales. La propuesta invierte la mecánica y resume en los actos de la mensura un cúmulo de tareas que hoy se cumplen con posterioridad, aumentando tiempo y costos, resultando además de dudosa eficiencia”.

Impacto inmobiliario
Miles de titulos de propiedad para sanear

Para graficar el impacto que podría tener la modificación, Grosso sostuvo que “la falta de regularización dominial de inmuebles, abarcativa del llamado saneamiento de títulos a la propiedad, comprende un universo que se puede evaluar en decenas de miles de casos tanto urbanos como rurales, baste citar que a la fecha la Unidad Ejecutora de Saneamiento de Títulos tiene abiertos más de 30.000 solicitudes en el Registro de Poseedores, que solo abarca casos de inscripción voluntaria”.

Inseguridad jurídica
En este sentido, el ingeniero subrayó que la propuesta legislativa debiera ser acompañada de “una verdadera política de estado en la materia, tal como se presenta la ley 9749, de escrituración de viviendas sociales a la que acompaña el nuevo proyecto del Poder Ejecutivo en el mismo sentido, entendiendo que las medidas como la propuesta y la implementación de procesos colectivos, presentados desde la óptica del orden público del saneamiento de títulos -ley 9150-,  han de contribuir a terminar con este verdadero desorden territorial y lo que es más significativo, desalentar política delictivas en materia de tierras”. Finalmente, cargó contra el desorden que genera  la “inexplicable” falta de aplicación de la ley nacional de Catastro, situación que consideró “una flagrante violación al sistema jurídico de transmisión de derechos reales sobre inmuebles”, que colabora a la incertidumbre jurídica inmobiliaria.

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